Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
Estos abogados tienen un conocimiento profundo de las leyes y normas internacionales, así como de los procedimientos y prácticas de los tribunales internacionales.
* Al meditar sobre estos criterios fileé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto legal argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción universal", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.
Un abogado penal internacional experto en casos complejos es un profesional del derecho que se especializa en la defensa de personas acusadas de delitos graves, especialmente aquellos que involucran violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra.
El país solicitado debe determinar si se cumplen los requisitos para conceder la extradición y si la persona buscada será tratada de manera justa y humana en el país solicitante.
Por lo que se continúa con esta etapa hasta que la resolución de CONDEDIDO o NEGADO se encuentre firme. Si la resolución es positiva se continúa con el procedimiento de extradición, en caso contrario, se concluye el mismo y se deja en libertad al reclamado.
De esta forma, los abogados de derecho español y francés se han convertido en una pieza clave para muchas empresas que buscan expandirse a nivel international.
El caso de Mansour generó controversia porque se sospechaba que había sido torturado por las autoridades marroquíes durante su detención y que la extradición de Dinamarca había violado su derecho a un juicio justo. Mansour finalmente fue condenado a ten años de prisión por cargos weblink de terrorismo.
Hay políticos de derecha y de izquierda que creen que se debe negociar con criminales. Es una política que puede estar equivocada, pero es una decisión soberana que puede responder a una visión social o a razones tácticas. Ahora ha quedado claro que los únicos que pueden hacer arreglos con criminales son los fiscales estadounidenses, el resto corren riego de ser procesados por la justicia norteamericana usando a los criminales have a peek at this web-site de testigos.
En Dinamarca, los acusados tienen una serie de derechos que están protegidos por la ley. Algunos de los derechos más importantes son:
Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
Además, es necesario que exista una orden de aprehensión o una sentencia condenatoria en firme en el país solicitante. También es importante que se presente la documentación necesaria que acredite la identidad de la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.
Más allá de los have a peek here grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de vehicleácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.
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